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Procedimiento Monitorio 2017-02-14T19:53:03+00:00

EL PROCEDIMIENTO MONITORIO O JUICIO MONITORIO

CÓMO SE RECLAMA UNA DEUDA MEDIANTE EL JUICIO MONITORIO.

El procedimiento monetario o juicio monitorio es el procedimiento introducido por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/ 2000, de 7 de Enero, artículos 812 a 818, e ideado por nuestro Legislador con el objeto de tratar de agilizar y dinamizar la reclamación de cantidades en vía judicial, instaurando un sistema que posibilita iniciar el proceso mediante una demanda sucinta, sin obligación de que intervenga abogado ni procurador, y que permite acudir directamente a la vía ejecutiva si el demandado no presenta oposición.

Se trata de un procedimiento que significó una importante y beneficiosa novedad respecto de lo existente con anterioridad, pero que, a pesar de sus bienintencionadas mejoras, con el paso del tiempo ha perdido parte de su atractivo revelándose como un sistema menos rápido y eficaz de lo deseable, aunque sin dejar de ser el medio judicial más interesante en la actualidad para la reclamación de cantidades.

I. Qué ocurre antes del juicio monitorio. Posibilidades cuando quieres reclamar una deuda.

Cuando una empresa, profesional o particular está sufriendo un impago se le presenta toda una gama de posibilidades para reclamar al deudor, diversidad de opciones que va más bien referida a la vía extrajudicial que a la estrictamente judicial, donde al margen del juicio monitorio podríamos acudir solamente al procedimiento verbal u ordinario correspondiente de manera directa.

Esas otras alternativas extrajudiciales podrían ser:

  • La realización de actividades por cuenta propia dirigidas al recobro, con el seguimiento por parte del acreedor del estado de sus reclamaciones de manera personal.
  • La conformación de un departamento en la empresa acreedora cuyo objeto sea precisamente las actividades relacionadas con el recobro de los impagados.
  • La externalización de dicha actividad, contratando una empresa de recobro que lleve a cabo tales actuaciones (para más información sobre empresas de recobro, puedes consultar el post de nuestro Blog, “Empresas de recobro ¿Son útiles?”).
  • La venta del crédito a un tercero a cambio de un precio, para obtener liquidez de manera inmediata (si estás interesado en la figura de la cesión de crédito, consulta nuestro post “Cesión de crédito. Cobra ya”).
  • El recomendable recurso al fichero de morosidad. Desde que Monitorio Notarial entró en el mercado, contar con un fichero de morosos para imprimir en el deudor la necesidad de pagar lo que debe, es una opción con la que ahora cuenta cualquier persona (física o jurídica), y no sólo los bancos y grandes compañías financieras y de telecomunicación.
Según la LECIV en su artículo 812, las únicas deudas que se pueden reclamar mediante el juicio monitorio son las dinerarias cuya cuantía esté líquida y determinada, y se encuentren vencidas y exigibles, independientemente del importe de la cantidad a reclamar, eliminando las limitaciones en este aspecto cuantitativo de regulaciones anteriores.

Por consiguiente, quedarían excluidas del juicio monitorio las reclamaciones respecto de obligaciones de dar otra cosa que no sea dinero, así como las de hacer o no hacer.

Asimismo, también quedarían fuera las obligaciones que necesitan, para que se las considere existentes, que se dé un pronunciamiento judicial previo (por ejemplo declarando incumplido un contrato o especificando qué daños constructivos en una edificación son reclamables y en qué medida).

En todos estos casos, habría que acudir al procedimiento verbal u ordinario, según la materia o la cuantía, que corresponda.

Que la deuda sea líquida significa que la misma tiene que estar expresada en número, descontadas otras cantidades que no deban ser objeto de reclamación.

Que la deuda esté determinada significa que se ha de conocer cuál es la cuantía específica a reclamar o, al menos, contar con los elementos necesarios para poder calcularse la cantidad mediante una operación aritmética sencilla.

Que esté vencida comporta que el momento para el cumplimiento de la obligación ya se ha superado, bien porque ha transcurrido el plazo pactado o aplicable, o bien porque se ha verificado cumplida la condición convenida para que se entendiera vencida la deuda.

Por último, se entiende que una deuda es exigible a una persona cuando la misma viene obligada legal o contractualmente al pago, sin que exista causa de la misma naturaleza que impida entenderlo así.

II. El procedimiento monitorio o Juicio monitorio

Según establece la LECIV (art. 814), y partiendo del caso de que el acreedor quiera presentar la demanda sin contar con abogado ni procurador, este proceso se inicia mediante demanda sucinta firmada por el demandante (acompañando la correspondiente escritura notarial en caso de que se trate de una sociedad) que, eso sí, debe expresar de la manera más clara posible:

  • La identidad del deudor.
  • Domicilio de demandante y demandado o lugar en que éste resida o pueda ser hallado.
  • Origen y cuantía de la deuda.
  • Por último, se ha de adjuntar el documento o documentos que acrediten la deuda.

Esta demanda, que la Ley llama solicitud inicial del procedimiento monitorio, puede presentarse usando los formularios aprobados oficialmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se pueden encontrar publicados en el Boletín Oficial del Estado, así como en los decanatos y servicios de registro y reparto de los juzgados.

No hay que olvidar acompañar a la demanda de juicio monitorio una copia de la misma así como de los documentos que la acompañen (que será la copia que se entregue al demandado).

El art. 813 se ocupa de esta cuestión. El acreedor que quiera presentar por sí mismo la demanda de monitorio, deberá dirigirse al decanato o servicio común de registro y reparto del juzgado del domicilio del demandado.

Esto que, dicho así parece sencillo, en ocasiones se vuelve un tanto problemático cuando no es conocido el domicilio actual del deudor, o concurren otro tipo de circunstancias:

Si no es conocido el domicilio del deudor, se puede presentar la demanda ante la oficina judicial del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de pago, que no tiene por qué ser su domicilio.

Si tampoco disponemos de este dato, es mejor directamente ahorrarse la molestia de presentar la petición de inicio del monitorio, ya que en el juicio monitorio no cabe la notificación por edictos y tan sólo nos quedaría la opción de presentar una demanda de procedimiento verbal u ordinario correspondiente, con todos los requisitos legales que en uno u otro caso se exigen.

Por último, también hay que mencionar el caso concreto de la reclamación de cuotas de una comunidad de propietarios, en cuyo caso se podrá presentar también la demanda de monitorio en el juzgado del lugar en que se encuentre dicha comunidad. Asimismo, en este caso de monitorios presentados por comunidades de propietarios sí se admite la notificación al demandado por edictos, siempre que se haya intentado la notificación de la demanda en el domicilio designado por el deudor para las comunicaciones relacionadas con la comunidad, o bien en su piso o local de la misma.

Definitivamente . Si bien es cierto que, como venimos diciendo, no es necesaria la participación de abogado y procurador para la solicitud de inicio del procedimiento monitorio, sí es cierto que, por un lado, el estudio de cuestiones técnicas relativas a fundamentos de derecho (como la identificación de la persona que va a ser demandada -en los supuestos en los que, por ejemplo, intervienen sociedades en los negocios mercantiles, suelen producirse confusiones en este aspecto-, el juzgado territorialmente competente, el cálculo de la cuantía exacta con sus intereses que va a ser objeto de reclamación, etc), o bien a fundamentos de hecho (redacción ordenada de la explicación del origen y naturaleza de la obligación de pago, determinación de la documentación precisa, etc), aconseja que, especialmente en aquellos casos que ofrezcan mayor complejidad, intervengan profesionales del Derecho que ofrezcan mayores garantías de éxito.

En este sentido, hay que recordar que, si el demandado se opone, el procedimiento que a continuación se abra vendrá condicionado por esos fundamentos de hecho y de Derecho expuestos en la petición inicial de procedimiento monitorio, por lo que resulta crucial fijarlos de manera minuciosa y certera.

Asimismo, como expondremos más adelante, en el caso de que se presente escrito de oposición por parte del demandado, el procedimiento se convertirá en el verbal u ordinario correspondiente, de tal manera que si la cuantía del mismo supera los dos mil euros, será preceptiva en cualquier caso la intervención de abogado y procurador para la tramitación de dichos procedimientos.

El punto negativo de esta intervención es que los honorarios de los profesionales que se generaran como consecuencia de la redacción y presentación de la petición de inicio de procedimiento monitorio, no serían incluidos en las costas que se impusieran en la sentencia que condenase al pago de la deuda, con la única excepción que regula el art. 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que sí prevé esta inclusión en la tasación de costas para el caso de las reclamaciones de las comunidades de propietarios.

El art. 812 relaciona los documentos que justifican el tipo de deudas que pueden ser reclamadas mediante juicio monitorio:

  1. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
  2. Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
  3. Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
  4. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En general, se puede decir que el procedimiento monitorio permite la reclamación de deudas cuya existencia se acredite con la aportación de cualquier documento de los que habitualmente se usen en el ámbito de la relación jurídica de la que trae causa el impago, otorgando mucho margen al acreedor, por tanto, en este punto, y situando al demandado con la carga de oponerse a la reclamación si no quiere verse directamente condenado al pago por resolución judicial tras el juicio monitorio.

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/ 2016 de 21 de Julio, que declaraba nulos algunos preceptos de la Ley 10/ 2012, de 20 de Noviembre, que regula la imposición de tasas para el ejercicio de acciones judiciales, ha quedado suprimida la exigencia de tasas judiciales también para personas jurídicas (las tasas para personas físicas ya habían sido anteriormente derogadas por modificación de la Ley), quedando en vigor tan sólo las tasas en cuanto a la cuota fija exigible a personas jurídicas para la interposición de demandas en el ámbito civil, cantidad que oscila entre cien y trescientos euros.

De este modo, para la presentación de la petición inicial de juicio monitorio, solamente tendrían que pagar en concepto de tasas las personas jurídicas, la cantidad de cien euros.

III. Qué ocurre tras el procedimiento monitorio o Juicio monitorio

Si la demanda de monitorio es admitida, el juzgado tiene que notificársela al demandado lo que, en ocasiones, conlleva las dilaciones habituales en este tipo de trámites, máxime teniendo en cuenta que el funcionario judicial debe realizar la comunicación personalmente al deudor en el domicilio designado en la demanda.

En todo caso, una vez notificada, el demandado dispone de un plazo de veinte días para realizar el pago o presentar oposición, encontrándonos, por consiguiente, con estas tres posibles situaciones (arts. 816 a 818):

  1. El reclamado paga: La consecuencia es que se archivan las actuaciones. El pago puede realizarlo el deudor directamente al acreedor, o en la cuenta de consignaciones del juzgado.
    Como decíamos anteriormente, en el caso de reclamaciones de comunidades de propietarios, antes de archivarse el procedimiento por pago, la comunidad demandante podrá solicitar la tasación de costas si ha intervenido abogado y procurador.
  2. El reclamado no paga ni se opone: Se dicta decreto por el secretario judicial (ahora denominado letrado de la Administración de Justicia) dando por terminado el proceso monitorio, pudiendo a partir de ese momento el demandante instar el despacho de ejecución contra los bienes del deudor, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la misma LECIV. En este caso, tampoco será necesaria para la solicitud de ejecución la intervención de abogado y procurador, si la cuantía del procedimiento es inferior a dos mil euros.
  3. El reclamado se opone: En este caso el juicio se resolverá por el procedimiento correspondiente.
Si el demandado en un procedimiento monitorio presenta escrito de oposición, nos podemos encontrar con dos supuestos:

  • Que la cuantía del procedimiento sea inferior a seis mil euros: En este caso el procedimiento se transforma en un verbal, citándose a las partes a juicio para practicar las pruebas que se propongan, tras lo que se dictará sentencia.
  • Que la cuantía del procedimiento sea superior a seis mil euros: En este supuesto, el procedimiento se convertirá en un ordinario, otorgándose un mes de plazo al demandante para que presente demanda que reúna los requisitos previstos en la LECIV, y tras la contestación del demandado se citará a las partes a una audiencia previa y posteriormente a juicio, dictándose finalmente sentencia.
Como decíamos al comienzo de esta página, con el paso del tiempo los propios deudores han ido adquiriendo experiencia para el uso de triquiñuelas con el objeto de eludir el pago de las deudas, aun siendo objeto de condena por resolución judicial.

De este modo, nos hemos encontrado con una disminución de la efectividad del monitorio para el recobro, siendo así que en el año 2002 casi el 20,50% de los monitorios terminaban con el pago “voluntario” del deudor, mientras que en 2015 este porcentaje descendió al 7,3%.

En la mayoría de casos, los deudores directamente ignoran la demanda de monitorio, siendo conscientes en muchos casos, especialmente durante los años de crisis, de que si se insta un procedimiento ejecutivo contra su patrimonio o el de su empresa, no habrá bienes que embargar.

En otros casos, conociendo sus abogados la casuística presente en la ya larga jurisprudencia sobre los monitorios, presentan oposiciones con fundamentos que atacan distintos aspectos de forma o fondo de la demanda, que pueden hacer decaer las pretensiones de la misma.

Por otro lado, según datos del Consejo General del Poder Judicial en su memoria anual de 2011, la duración media de los procedimientos monitorios es de 8,6 meses, lo que tampoco se corresponde con la celeridad que de este procedimiento se espera.

No obstante lo dicho, este procedimiento sigue siendo el más atractivo en vía judicial para la reclamación de cantidades, por las ventajas y facilidades que ofrece y que aquí hemos podido examinar.

IV. Monitorio Notarial y el Juicio Monitorio.

Debemos partir de la base de que Monitorio Notarial es un fichero de morosidad, que tiene como finalidad la reclamación y publicación de datos relativos a impagos, facilitados por los propios usuarios de nuestra plataforma, así como facilitar información sobre la solvencia de personas a terceros con interés legítimo.

Por tanto, la actuación de Monitorio Notarial es extrajudicial y no guarda relación con el inicio de actuaciones de reclamación por vía judicial.

No obstante, y partiendo de la base de que la reclamación y publicación en el fichero de morosos es perfectamente compatible con estos mecanismos judiciales, y que nuestros usuarios de manera habitual solicitan nuestro asesoramiento para conocer alternativas de esta naturaleza para tratar de aumentar las probabilidades de éxito en el recobro, ponemos a disposición de los mismos, no sólo nuestros conocimientos sobre las opciones judiciales, sino a los abogados que colaboran o trabajan con nosotros, para que puedan contar con ellos de cara al inicio de las actuaciones correspondientes ante los juzgados, en la localidad de España que sea preciso.

Disponemos de abogados con amplia experiencia en la recuperación de impagos por vía extrajudicial y judicial, atendiendo el teléfono 912 668 043, el chat de nuestra web, así como los mensajes recibidos en la dirección de correo electrónico info@monitoriosnotariales.es.

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